Diario Constitucional

Convenio N°169.

Primer Tribunal Ambiental acoge reclamación contra la Comisión de Evaluación Ambiental por resolución que desestimó invalidar la calificación ambiental de un Proyecto Minero y ordena que se implemente el procedimiento de consulta indígena.

Por la alteración significativa que el proyecto podría provocar en el sistema de vida y costumbres de los miembros de la comunidad indígena.

Por Redacción·26 de abril de 2021·3 min de lectura
Imagen: sigpa.cl
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El Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación ambiental deducida por la comunidad indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes, en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama que rechazó la invalidación administrativa intentada por la comunidad indígena en contra de la resolución que calificó como ambientalmente favorable el proyecto “Prospección Minera Norte Abierto Sector Caspiche”, que se ubica en la comuna de Tierra Amarilla.

El objetivo del proyecto es la realización de campañas de prospección minera en el sector de Caspiche a través de sondajes, el que también considera la construcción de un campamento con capacidad para 200 personas.

La comunidad reclamante alegó que la resolución que impugna, vulnera los derechos de los pueblos indígenas garantizados en tratados internacionales sobre derechos humanos que se encuentran vigentes. Estos, imponen la exigencia mínima del estándar de la consulta en el caso de la implementación de un proyecto que, de concretarse, afecta tierra y recursos naturales de propiedad indígena, interviene espacios de significación cultural y altera las prácticas ancestrales propias de la trashumancia Colla. Lo anterior, ya que el Servicio de Evaluación Ambiental reconoce la alteración de la calidad de vida y costumbres de grupos humanos pertenecientes a la Comunidad reclamante, sin embargo, sin fundamentación alguna califica dicho impacto como poco significativo y en base a dicha calificación descarta la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena susceptible de ser afectada.

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