Corte de Santiago acogió recurso de protección deducido en contra de la Superintendencia de Educación por terminar anticipadamente la contrata de una funcionaria.

La actora denunció la vulneración de las garantías establecidas en el artículo 19 N°2, 4 y 16 de la Constitución, a raíz del acto arbitrario e ilegal contenido en la Resolución Exenta de 30 de noviembre de 2020, por medio del cual se puso término anticipado a su designación de contrata.

El fallo señala que la resolución se fundó en tres principales argumentos para justificar la decisión, a saber, problemas de relaciones personales, maltrato inter pares, y complicaciones de trabajo en equipo; resistencia a cumplir normativa interna y sistemas de control del trabajo; y displicencia hasta la figura de autoridad; sin embargo, refuta que fue el Servicio el que no activó su normativa interna, específicamente el protocolo de maltrato o acoso laboral, desde su denuncia por irregularidades en el mes de enero de 2019. Asimismo, precisó que, en el mes de noviembre de 2019, el Director Regional le indicó que no se renovaría su contrata para el año 2020, ante lo cual presentó un recurso de reposición y jerárquico en subsidio, los cuales fueron rechazados, y que se le informó por la Asociación de Funcionaros, que se había hablado con la autoridad, y que, si se desistía de los recursos por escrito, podría ser renovada su contrata y ser trasladada a Santiago.

En cuanto a la vulneración de la igualdad ante la ley, sostuvo que la resolución careció de la debida justificación, toda vez que contiene fundamentos desprovistos de veracidad y, por tanto, adoleció de la más mínima racionalidad, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 11 inciso segundo de la Ley N°19.880 que exige motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho. Agregó que al ser una decisión ilegal devino en arbitraria, toda vez que los argumentos esgrimidos para terminar anticipadamente la contrata por no ser ya necesarios sus servicios, no se sostuvieron a sí mismos, al carecer de la más mínima racionalidad. En relación a la garantía del artículo 19 N°16 de la Constitución, refirió que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución y que ello se violó al dictarse la referida resolución, y del mismo modo se transgredió lo dispuesto en el inciso segundo que prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Finalmente, señaló que se violó el respeto a la honra, por cuanto es público y notorio en el claustro profesional de la Superintendencia de Educación, la decisión de exonerarla, lo que produjo una pérdida de dignidad ante el entorno profesional.