Segunda Sala.
TC admite a trámite inaplicabilidad solicitada por un Fondo de Inversión Privado que impugna norma que impide rendir pruebas sobre las objeciones a los créditos impugnados en un procedimiento de reorganización.
Dada la complejidad contable y financiera de las objeciones, resulta imprescindible que la requirente cuente con un término probatorio para la adecuada defensa de sus derechos.
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional admitió a trámite, con suspensión, un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 175, inciso tercero, de la Ley N°20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas.
El precepto impugnado establece, en lo pertinente, que “Agregada al expediente la nómina de créditos impugnados con el informe del Liquidador, el tribunal citará a una audiencia única y verbal para el fallo de las respectivas impugnaciones”.
La gestión pendiente incide en un proceso seguido ante el Trigésimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en el que la requirente, un fondo de inversión privado, es acreedor en un procedimiento de reorganización, en el cual el tribunal de instancia deberá resolver las objeciones a los créditos sin que se pueda ofrecer y rendir prueba sobre las objeciones.
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