CS revoca sentencia y acoge recurso de protección deducido contra Municipalidad de Puente Alto por funcionario cuya contrata fue terminada anticipadamente.

El actor denunció la vulneración de las garantías previstas en el artículo 19 N°2, N°16 y N°24 de la Constitución, en razón de haberse dictado en noviembre de 2020, el decreto por medio del cual se dispuso el término anticipado de su contrata. Detalló que ingresó a prestar servicios en tal calidad en el año 2014 y que en el año 2020 sufrió de depresión, presentando diversas licencias médicas y desplazándose donde sus familiares en la Región de Coquimbo, situación que fue considerada grave y fundante de pérdida de confianza por parte de su jefatura.

La Corte de San Miguel desestimó el recurso de protección, argumentando que el acto recurrido cumplió con el requisito de ser un acto fundado al haber trasladado el actor su domicilio sin poner tal situación en conocimiento de la recurrida, por lo que no se configuró ilegalidad o arbitrariedad alguna; decisión que fue impugnada por el actor.

Al respecto, el máximo Tribunal refiere que, de acuerdo a lo señalado en el decreto impugnado, la decisión de poner término a la contrata del actor se fundó en que debido a las reiteradas licencias médicas que presentó, se solicitó visita domiciliaria para verificar su situación, y que en ambas ocasiones en que se concurrió a su domicilio no se encontró residentes en la vivienda. Adicionalmente, consignó que, de las ocho licencias médicas que fueron presentadas, las últimas cuatro fueron emitidas por un profesional de la comuna de La Serena y con domicilio de Coquimbo del actor, quien no informó su cambio de domicilio.