En fallo dividido.
CS acoge recurso de queja y ordena resolver apelación por incremento de indemnización laboral impaga.
El máximo Tribunal estableció que los recurridos cometieron una falta o abuso al no emitir pronunciamiento sobre la materia controvertida.

La Corte Suprema acogió queja y ordenó a la Corte de Puerto Montt emitir pronunciamiento respecto del recurso de apelación deducido por el recargo máximo legal –150%–, del monto de la indemnización que la quejosa adeuda a extrabajador.
La sentencia detalla que según se advierte de los hechos previamente reseñados, los antecedentes de la causa y las alegaciones formuladas en estrados, nunca se produjo un acuerdo real entre las partes en litigio sobre la suma adeudada, no obstante lo cual el obligado reconoció desde el primer momento que debía al trabajador una suma de dinero producto del término de su vínculo laboral y estuvo siempre dispuesto a pagar la totalidad de las indemnizaciones adeudadas, lo que se refrenda con su actuación de 23 de mayo de 2020 en que puso a disposición del trabajador $22.790.477, es decir, casi el cien por ciento de lo determinado como deuda, en tanto que éste pretendía como pago total la suma de $23.023.487, existiendo una diferencia de $233.010 por sobre la cantidad consignada por su ex empleador con el objeto de solucionar tempranamente la controversia suscitada, de manera que el conflicto planteado, en cuanto a lo pecuniario, se circunscribió aproximadamente al 1% de la deuda total.
La resolución agrega que si bien el artículo 169 letra a) del Código del Trabajo faculta al tribunal competente para conocer de la ejecución a incrementar hasta en un 150% las indemnizaciones ofrecidas en la comunicación de despido que no hayan sido oportunamente solucionadas, por tratarse precisamente de una facultad y quedar entregada a la judicatura la determinación del monto, es necesario que ello se haga a través de una decisión fundada, que vincule el porcentaje aplicado con los antecedentes del caso concreto, nada de lo cual ocurrió en la especie, dado que la resolución de primer grado que sirve de antecedente a la censurada no desarrolló ningún fundamento que justifique la imposición del recargo máximo.
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