Corte de Santiago confirma multa aplicada a clínica privada por exigir pagaré y un pago anticipado en efectivo a paciente que requería atención de urgencia.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa por 700 UTM aplicada por la Superintendencia de Salud a la empresa Clínica Dávila y Servicios Médicos SA, por exigir pagaré y un pago anticipado en efectivo a paciente que requería atención de urgencia.

La sentencia sostiene que la legislación vigente efectivamente otorga facultades a la Superintendencia de Salud para fiscalizar, a través de la Intendencia de Prestadores de Salud, a los prestadores de salud, públicos y privados, en las materias que expresamente indica. Es así que los párrafos primero y segundo del Nº11 del artículo 121 del DFL Nº1 de 2005 de Salud, establece que: ‘Le corresponderán a la Superintendencia, para la fiscalización de todos los prestadores de salud, públicos y privados, las siguientes funciones y atribuciones, las que ejercerá a través de la Intendencia de Prestadores de Salud: … 11. Fiscalizar a los prestadores de salud en el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 134 bis; 141, incisos penúltimo y final; 141 bis; 173, incisos séptimo y octavo, y 173 bis, y sancionar su infracción. La infracción de dichas normas será sancionada, de acuerdo a su gravedad, con multa de diez hasta mil unidades tributarias mensuales’.

A continuación, el párrafo sexto del Nº11 de la misma norma, establece que para la aplicación de estas sanciones la Superintendencia se sujetará a lo establecido en los artículos 112 y 113 de dicho cuerpo normativo.