Corte de Santiago ordena a superintendente de Salud abstenerse de emitir pronunciamientos sobre distribución de fondos de isapre en liquidación.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de reclamación presentado por la empresa Sociedad Oncovida SA, y le ordenó al superintendente de Salud abstenerse de emitir pronunciamiento sobre traspasos y distribución de fondos de la fallida isapre Masvida, la cual se encuentra en proceso de liquidación concursal.

La sentencia sostiene que, en cuanto a la grave infracción al principio de imparcialidad que rige a la Administración y, asimismo, al deber de abstención, de acuerdo a lo que establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Nº 19.880 y 62 Nº 6 de la Ley Nº 18. 575, señala que luego de haber transcurrido más de un año y medio desde la presentación del reclamo de ilegalidad que se tramita en el Libro Contencioso Administrativo de esta Corte de Apelaciones de Santiago, con el Rol Nº 425-2018, el 10 de marzo de 2020, el Superintendente de Salud, Patricio Fernández Pérez, sin expresar fundamentos, se allana a traspasar fondos de la garantía del artículo 181 del DFL N° 1 de Salud, a la Isapre Nueva Masvida, sin perjuicio de omitir que dicho procedimiento se encuentra pendiente. Luego, e inmediatamente después de presentar el escrito de allanamiento en la causa Rol Nº 425-2018, de esta Corte de Apelaciones de Santiago, en entrevista publicada en el Diario Financiero con fecha 11 de marzo de 2020, el Superintendente de Salud manifestó una serie de decisiones sobre procedimientos administrativos pendientes, en especial, respecto al procedimiento administrativo de la garantía de la Ex Isapre Masvida, del artículo 181 del DFL N° 1 de Salud.

La resolución agrega que las declaraciones señaladas en cuanto anticipan la forma de distribución de los fondos sujetos al proceso de liquidación infringen el principio de imparcialidad que rige a la Administración y el deber de abstención que consagran los artículos 11 y 12 Nº 1 de la Ley Nº 19.880, y el artículo 62 Nº 6 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.