Con voto en contra.
CS dejó sin efecto resoluciones dictadas por Contraloría y SENAME y ordenó pagar remuneraciones a funcionario cuya contrata no fue renovada.
El actuar de las recurridas vulneró el principio de confianza legítima.
La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que desestimó el recurso de protección interpuesto por un funcionario cuya contrata no se renovó en contra de la Contraloría General de la República y el Servicio Nacional de Menores (SENAME).
El actor denunció la vulneración de los derechos de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y propiedad, originada por la resolución del ente contralor que concluyó que no existió irregularidad en aquella emitida por el SENAME, que dispuso la no renovación de su contrata.
La Corte de Santiago rechazó la acción constitucional, sosteniendo que la resolución dictada por el SENAME se fundó en una serie de cuestionamientos al desempeño del actor que latamente se indicaron por dicho organismo, cumpliendo -a su juicio- con el deber de motivación que exige el artículo 11 de la Ley N°19.880, sin que correspondiera ponderar el mérito de dichos fundamentos por tratarse de una decisión propia de la Administración.
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