CS confirmó sentencia que ordenó el reintegro de funcionaria a contrata en la Municipalidad de San Bernardo.

El actor denunció la vulneración de los derechos de igualdad ante la ley y propiedad, por la no renovación de su contrata por la disminución del presupuesto municipal para el año 2021.

Expuso que se desempeñó bajo el régimen de contrata desde el año 2013, la que fue renovada ininterrumpidamente, pero en diciembre de 2020 fue notificada de la decisión de no renovación, aludiéndose a una disminución del presupuesto para el año 2021, refutando que tal no fue efectiva, ya que no sólo se mantuvo, sino que se aumento el presupuesto para el ítem personal a contrata. Adicionalmente, alego que el decreto impugnado no explicó cómo la autoridad determinó terminar anticipadamente su contrata y no la de otros funcionarios.

Por ello, expuso que la decisión de la recurrida de no prorrogar su contrata careció de motivación al aludir a un fundamento que no era real y, con ello, excedió sus facultades legales en los términos dispuestos en los artículos 6 y 7 de la Constitución.