La Corte Suprema acogió recurso de protección y ordenó a la isapre Consalud SA otorgar 100% de cobertura adicional de enfermedades catastróficas (CAEC) y sin cobro de deducible a medicamento ibrutinib utilizado por paciente que falleció a consecuencia de una leucemia linfática crónica.
La sentencia sostiene que, ha quedado de manifiesto que con la negativa de la recurrida a proporcionar Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas (CAEC) a un medicamento que irrefutablemente resultaba indispensable para la sobrevida e integridad física de la recurrente, sobre la base de consideraciones formales y en las que subyacen, en definitiva, razones índole económica, ésta ha incurrido en un acto arbitrario que amenazó su derecho a la vida, puesto que la actora sostiene haber realizado ingentes esfuerzos para costear su prescripción, de modo que la determinación impugnada en autos no permitió el acceso oportuno a aquel fármaco imprescindible para el tratamiento de la patología que aquella sufría.
La resolución agrega que, en este orden de ideas, es preciso señalar que la Ley N°21.258 que Crea la Ley Nacional del Cáncer, establece dentro de los principios que la inspiran: ‘a) Cooperación: se deberá fomentar la cooperación público privada, intersectorial e interinstitucional’. En tanto su reglamento respectivo señala que: ‘por su incidencia, el cáncer debe ser considerado como un problema de salud pública. Asimismo, por los costos involucrados para abordar dicha enfermedad, es también un importante problema social y económico, con repercusión y costos que afectan a las personas, sus familias y comunidades, así como al sistema de salud y al país en su conjunto. Que, el Ministerio de Salud ha priorizado al cáncer como un problema relevante de salud pública en el país, realizando esfuerzos organizados y sostenidos que abarcan desde la prevención hasta los cuidados paliativos’.
“Sobre la base de los ejes normativos referidos, resulta ineludible para la recurrida, en su calidad de institución de salud previsional privada, alinear su actuar a la política pública descrita y favorecer el acceso de sus afiliados a todas aquellas acciones de salud que les permitan sobrellevar y recuperarse del tipo de patología descrita en estos autos”, añade.
Para la Sala Constitucional, en consecuencia, conforme lo que se viene reflexionando, el medicamento referido debe ser financiado conforme se indicará en lo resolutivo del presente fallo, debiendo otorgarle una cobertura de un 100% puesto que habiendo sido diagnosticada hace 12 años e iniciado el tratamiento médico para la Leucemia Linfática Crónica hace 6 años y tratándose de una paciente que, conforme el informe médico citado, ha recibido diversas prestaciones desde entonces a la fecha de interposición de la presente acción, las que deben ser contabilizadas en el deducible anual, y al no haber acreditado la recurrida que la cobertura aquí requerida sea el primer evento anual respecto del cual corresponde aplicar el deducible del CAEC, sólo es posible concluir que es impropio volver a considerarlo durante la presente anualidad.
Noticia Relacionada
“Que, con estos antecedentes, la negativa de la Isapre recurrida a proporcionar a la recurrente, en su momento, la cobertura solicitada respecto del medicamento dispuesto por el médico tratante, carece de razonabilidad y vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 n°2 y 24 de la Carta Política, razón por la cual se impone el acogimiento de la acción promovida, en los términos que se exponen en lo resolutivo del fallo”, concluye el fallo.
Por tanto, se resuelve que se revoca la sentencia apelada de veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno y su complemento de fecha veintiocho del mismo mes y año; y en su lugar se acoge el recurso de protección disponiéndose que Isapre Consalud deberá dar cobertura del 100% al medicamento Ibrutinib sin aplicar el deducible del CAEC, debiendo completar en consecuencia el saldo pendiente de $3.939.950 en favor del titular del contrato de salud del que era carga legal la recurrente.
Vea texto íntegro de la sentencia Corte Suprema Rol Nº39.102-2020 y Corte de Santiago Rol Nº32912-2020