Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acoge demanda por despido discriminatorio de 36 trabajadores de clínica privada.

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo acogió íntegramente la demanda de tutela laboral y cobro de prestaciones, deducida en representación de un grupo de 36 trabajadores despedidos por la sociedad Clínica Las Condes SA, en octubre del año pasado 2020, debido al supuesto proceso reestructuración que enfrentaba la empresa.

La sentencia sostiene que cabe tener presente que la empresa denunciada en la redacción de las comunicaciones de despido del grupo de 55 trabajadores despedidos el día 02 de octubre de 2020, si bien hace alusión a la necesidad de llevar a efecto un plan de reestructuración a objeto de adecuar los cambios con las necesidades de la actividad desarrollada por la denunciada, claramente de la lectura de dicha comunicación se desprende que esta no reúne el estándar mínimo exigido por el legislador laboral de conformidad a lo establecido en el artículo 454 Nº 1 inciso segundo del Código del Trabajo, en cuanto a describir con claridad los presupuestos facticos en que fundamenta su decisión, dejando de esa manera en indefensión a los trabajadores denunciantes de autos, privándolos de la posibilidad de ejercer su derecho a defensa respecto de los hechos en que se justifica su despido, ya que los hechos invocados en la comunicación de despido resultan tener un carácter demasiado genérico y vagos como se sostiene en el libelo, sin especificar ni explicar de manera concreta en qué habría consistido EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN EN QUE HABRÍA INCURRIDO LA DENUNCIADA.

La resolución agrega que la demandada tampoco explicó cómo afectó dicho proceso en el área en específico en que se desempeñaba cada denunciante, menos aún cuál fue el criterio utilizado para tomar la decisión de despido de cada uno de estos trabajadores y no otros de su misma área, cuestión que desde ya otorga credibilidad a los indicios presentados en la presente acción tutelar, en cuanto a primar en este sentido la situación en la que se encontraban dichos trabajadores en aislamiento social en sus hogares y no desempeñando funciones de manera normal, encontrándose obligada la denunciada en virtud del acuerdo alcanzado en su oportunidad ante este Tribunal a enterar las remuneraciones de dichos trabajadores mientras se extendiera el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado por la Autoridad de Gobierno, estado que a la fecha de dicha conciliación, esto es, el día 26 de junio de 2020, ya había sido prorrogado en una oportunidad hasta el 18 de septiembre de 2020, tomando conocimiento tanto la empresa denunciada como la población en general el día 12 de setiembre de 2020, de su extensión por 90 días adicionales, al ser publicado el Decreto respectivo emitido por la Autoridad de Gobierno en el Diario Oficial, tomando la empresa denunciada la determinación de implementar supuestamente la segunda etapa del plan de reestructuración a inicios del mes de octubre de 2020, es decir, tan solo unas semanas después de conocerse la decisión del Gobierno de extender nuevamente dicho Estado de Emergencia, despidiendo solo a trabajadores que se encontraban acogidos a dicha medida de resguardo.