Adopción de medidas extraordinarias de gestión en la Administración del Estado no autoriza a enterar remuneraciones o asignaciones que se aparten del texto legal que las regula.

La entonces Intendenta y Ejecutiva del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena (GORE) y el Secretario General (s) de la Corporación Municipal de Punta Arenas, solicitaron un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, relativo a la procedencia de otorgar un nuevo financiamiento a la Municipalidad para solventar las remuneraciones asociadas a 4 proyectos ejecutados con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), no obstante que las obras se encuentran suspendidas con motivo de la cuarentena decretada con ocasión del COVID-19.

Requerida información, la entidad edilicia expuso que los proyectos de iniciativa local nacen con la finalidad de invertir en mano de obra cesante y que, atendido que las obras debieron paralizarse por las restricciones de movilidad que impuso la autoridad sanitaria con ocasión de la pandemia, solicitó al GORE una modificación presupuestaria que permita el traspaso del saldo no ejecutado en “ítem materiales” al ítem de “mano de obra”, con el fin de pagar honorarios durante ese período.

Por su parte, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo manifestó que los fondos se distribuyeron para financiar partidas de mano de obra, materiales y gastos indirectos, sin que proceda variar el compromiso detallado para solventar honorarios sin contraprestación ni avance de las obras; y la Dirección de Presupuestos sostuvo que el objetivo del FRIL es financiar una infraestructura pública en un plazo establecido, de modo que, al paralizarse la construcción del proyecto, se suspenden los efectos del contrato y, por ende, el pago de la mano de obra.