CS declaró procedente despido indirecto por no pago de cotizaciones previsionales devengadas durante relación laboral declarada judicialmente.

La Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandante, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que no hizo lugar a la impugnación que dedujo en contra de la sentencia dictada por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda de declaración de existencia de una relación laboral, pero rechazó aquellas por despido indirecto y nulidad del despido.

La sentencia del máximo Tribunal señala que la recurrente solicitó la unificación de jurisprudencia, a fin de determinar la procedencia del despido indirecto por el no pago de las cotizaciones de seguridad social, en aquellos casos en que la relación laboral se declara en la sentencia definitiva.

Al respecto, expone que la judicatura del fondo declaró que entre las partes existió una relación de carácter laboral, sujeta, por tanto, a las disposiciones del Código del Trabajo, pero desestimó la configuración de la causal de despido indirecto invocada por no pago de las cotizaciones previsionales, decisión que el fallo de nulidad consideró válida, puesto que quedó definido que, de acuerdo al mérito de las probanzas rendidas y del propio tenor de la carta de autodespido, la relación declarada en la misma sentencia como laboral terminó producto de una renuncia de la actora, de modo que no era pertinente dar lugar al pago de las indemnizaciones y prestaciones demandadas. Adicionalmente, precisó que no podía soslayarse la circunstancia que los hechos descritos en la carta de despido indirecto como incumplimiento grave por parte de la trabajadora y que atribuyó a su empleadora demandada no fueron tales, pues como entidad pública no podía contratar más que bajo las formas que el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales admite, es decir, bajo la modalidad de funcionarios de planta, contrata y honorarios. Así, en la especie, bajo la figura de un honorario se estableció la relación con la actora y en esa condición, no era dable para un órgano estatal -regido por un estricto principio constitucional de legalidad en sus actuaciones– pagar cotizaciones previsionales, celebrar contrato de trabajo, como fueron las alegaciones expuestas por la demandante para justificar su autodespido.