En fallo dividido y con prevención.
Tribunal Constitucional declaró inaplicable norma que faculta al Ministerio Público a no perseverar en la investigación.
Pugna con el derecho que la Constitución confiere a la víctima, pues el ejercicio de la acción no se satisface sólo cuando es posible iniciarla, sino que supone continuarla y poder desplegar los derechos que ella integra a lo largo del proceso para que sea cabal y oportuna la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que impugnó la letra c) del artículo 248 del Código Procesal Penal.
La precitada disposición legal señala: “Artículo 248.- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes: c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”.
La gestión pendiente invocada es un proceso penal en el que la requirente es víctima y querellante por los delitos de estafa y apropiación indebida. El Juzgado de Garantía rechazó una solicitud de sobreseimiento definitivo y ordenó investigar. El Ministerio Público procedió a investigar, sin formalizar en definitiva la investigación, y solicitó audiencia para comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento. El Juzgado de Garantía citó a las partes a una nueva audiencia de sobreseimiento definitivo y/o de comunicación de no perseverar, que se encuentra pendiente y suspendida por resolución de la Magistratura Constitucional.
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