CGR emite pronunciamiento sobre el derecho a desahucio a que tienen derecho los obreros que presten servicios en municipalidades.

La Municipalidad de Santa Juana solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, que determine si un ex obrero de esa entidad edilicia a la data de su deceso, tuvo derecho al desahucio previsto en la Ley N°7.390, y cuáles son los estipendios que deben incluirse para el cálculo de tal prestación indemnizatoria.

Al respecto, la autoridad refiere que la Ley N°7.390 establece que los obreros que presten sus servicios en las municipalidades y cesen en sus funciones por cualquier causa, tienen derecho a un desahucio correspondiente a 30 días de sueldo por cada año de servicio o fracción de tiempo no inferior a seis meses, el que, en caso de fallecimiento, deben percibir sus herederos, con cargo de la municipalidad.

De los antecedentes examinados, advierte que el ex obrero ingresó a la Municipalidad de Santa en 1981, en el escalafón de auxiliares, cumpliendo funciones hasta su deceso, que se produjo en el año 2020, sin que se afiliara a una administradora de fondos de pensiones, por lo que, a su deceso, causó derecho a desahucio.