La Corte Suprema envió a la Cámara de Diputados y Diputadas su informe del proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional”.
El asunto fue analizado en el Pleno del día 6 de septiembre y el informe fue enviado a la presidente de la Cámara de Diputados ayer- 15 de septiembre de 2021-. A modo de conclusión, la Corte Suprema reitera que el proyecto no aborda una reforma integral que establezca un sistema de ejecución de penas en el país.
En síntesis la norma consultada, así como el artículo 2 del proyecto de ley en estudio, no enfrentan el problema de fondo que se ha mencionado en reiteradas ocasiones por este Tribunal, el cual radica en la falta de un sistema de ejecución penal que pueda abordar estos asuntos de forma sistemática, y con las competencias técnicas y la dedicación que requieren. En este sentido, se reitera la necesidad de “legislar acerca de un sistema de ejecución penitenciaria que permita atender, de mejor manera, todo lo relativo a la libertad condicional y las demás materias que implica la etapa de ejecución de la sentencia, disponiendo, asimismo, de herramientas tendientes a fortalecer el propósito de resocialización y efectiva reintegración social del penado.
A falta de un sistema integral del cumplimiento y ejecución de la pena, pareciera no ser necesario incorporar una nueva instancia de revisión por parte del Juez de Garantía, por cuanto sólo haría más engorrosa la toma de decisión que, de momento, se sitúa en órganos técnicos, que son lo que deberían estar en mejores condiciones de tomarla. En este caso, también podría resultar problemático el hecho de que se generen decisiones opuestas en ambas instancias, y el proyecto no aclara cómo se resolvería esa controversia.
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Así como una mayor carga de trabajo en los tribunales al eliminar la participación de un ministro de Corte de Apelaciones en la Comisión de Libertad Condicional y aumentar el número de jueces de garantía o de tribunales de Juicio Oral en lo penal que participarían de ella.
Sin perjuicio de lo expresado se recomienda el seguimiento del proyecto de ley por la oficina de Estudios de esta Corte Suprema, por tratarse de materias de gran interés para este Tribunal, la que de aprobarse, podría generar un aumento en la carga de trabajo para el Poder Judicial, así como una mayor carga financiera.