Ponderar la necesidad y condiciones en las que se designa al personal a contrata, es una facultad del jefe superior del servicio.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que desestimó el recurso de protección deducido por un funcionario a contrata en contra del Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), por el cambio en sus funciones y consecuente rebaja de su remuneración.

El actor denunció la vulneración de su derecho a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, igualdad en el ejercicio de los derechos, honra y propiedad, por la dictación de la resolución, notificada vía correo electrónico, que ordenó asignarle labores como profesional de la Unidad Jurídica de esa Dirección Regional, dejando de realizar aquellas propias de Encargado Regional de aquella y, en virtud de ello, se le modificó su nivel remuneratorio que tenía como profesional, de grado 7° a 9° de la Escala Única de Sueldos, alegando que no es más que una sanción encubierta ejercida por una autoridad que no es competente para aplicarla.

La recurrida informó que el cargo que detentaba el actor requiere no solo de funciones técnicas, sino que también son esenciales las aptitudes personales para gestionar, liderar e interactuar con el personal, lo que fue considerado para adoptar la decisión de relevarlo, la que se realizó de acuerdo al marco normativo aplicable, encontrándose la autoridad facultada para modificar las condiciones de contratación, cumpliendo con el deber de motivación.