Consulta ciudadana para adoptar determinaciones en el marco de la gestión pública, es expresión de la racionalidad con la que debe actuar el Estado dentro de una sociedad democrática.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Temuco, que desestimó el recurso de protección deducido en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por 12 empresas y particulares que desarrollan el giro de estación de servicios y/o expendio de combustible, fundado en la consulta pública que lleva adelante la autoridad, lo que, a su juicio, vulnera sus derechos de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.

La Corte de Temuco expone que los actores recurrieron en contra de la determinación de la recurrida de disponer la aplicación del procedimiento de consulta pública prevista en el artículo 73 de la Ley N°18.575, respecto del “Procedimiento para el Monitoreo de la Calidad de los Combustibles Líquidos en Instalaciones de Abastecimiento a Vehículos y requisitos de Laboratorios» -que reemplazará al procedimiento vigente desde el año 2017-; alegando que se pretende validar un proyecto que implementa un sistema de control por muestreo para verificar la calidad de los combustibles líquidos, cuyo financiamiento es con cargo al fiscalizado, en circunstancias que corresponde a la labor fiscalizadora de la autoridad.

Sobre el particular, refiere que las Leyes N°18.575 y N°20.500, así como la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, – aprobada el año 2009 en Lisboa y de la que Chile es suscriptor-, consagran el principio de participación ciudadana en la implementación de políticas públicas, en sus distintas fases. Particularmente, indica que el citado artículo 73 ordena que los órganos de la Administración del Estado, de oficio o a petición de parte, señalen aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas, siendo realizada dicha consulta de manera informada, pluralista y representativa, a fin que el órgano respectivo las evalúe y pondere en la forma que señale la norma de aplicación general.