Diario Constitucional

"Se rechazó la solicitud de las defensas de derivar los antecedentes a la justicia militar".

Caso Huracán: Corte de Temuco confirma competencia del Juzgado de Garantía de la ciudad para continuar tramitando la causa.

Se concluye que no se divisa la infracción al principio de legalidad que denuncian las defensas, entendiéndose que el Ministerio del Interior y Seguridad Púbica ha actuado en el ámbito de sus atribuciones, correspondiendo, como se indicará en lo resolutivo

Por Redacción·07 de diciembre de 2021·5 min de lectura
Imagen: ruil.cl
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La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la solicitud de las defensas de derivar los antecedentes a la justicia militar y confirmó la competencia del Juzgado de Garantía de la ciudad para continuar tramitando la causa abierta por el Ministerio Público en contra de 11 funcionarios de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de La Araucanía, acusados como autores de los delitos de obstrucción a la investigación, falsificación o uso malicioso de documentos públicos, falso testimonio o denuncia calumniosa, sabotaje informático y violación de secreto. Ilícitos perpetrados en el marco de la denominada “Operación Huracán”.

La Primera Sala del Tribunal de alzada rechazó la incidencia planteada por las defensas y estableció que el querellante Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene legitimación activa para proceder criminalmente en la causa, respecto de todos aquellos acusados que fueron objeto también de acusación particular por la querellante Consejo de Defensa del Estado. Asimismo rechazó la existencia de litis pendencia reclamada en primera instancia por las defensas, estableciendo la Corte la inexistencia de doble imputación de los acusados, en relación a causa diversa que el Ministerio Público en contra del fiscal Sergio Moya Dömke.

“Debe entenderse concurrente una unidad de investigación, que el Ministerio Público puede acusar por una serie de delitos que pueden ser subsumidos en otros y algunos pueden ser necesarios para acreditar los hechos o los delitos propiamente tal. Agregó la sentenciadora de primera instancia que debía ser coherente, además, con la situación que se planteó respecto de quienes eran víctimas en este tipo de procesos y entendiendo las normas especiales por las cuales consideran especial que las victimas que estuvieron privadas de libertad, que pertenecen a una etnia especial, que deben ser reconocidos por el Estado y, en este tipo de procedimiento su participación, también se identifican como víctimas civiles en cuestión. Finalmente arguyó que debía tenerse en consideración las críticas internacionales a los Juzgados Militares por la falta de garantía de debido proceso, que sí se garantizan en los Tribunales de Garantía, en los Tribunales Orales en lo Penal y en las diferentes instancias procesales penales que rigen en el Estado de Derecho de Chile”, plantea el fallo.

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