Nulidad de derecho público.
Tribunal Tributario y Aduanero anula resoluciones exentas del SII por no contener fundamentación suficiente.
Los actos administrativos, especialmente aquellos que afectan derechos de los administrados, deben contener suficientes fundamentos legales y fácticos. Su contenido tiene que bastar para explicar su motivación, no pudiendo complementarse con informes, documentación o explicaciones posteriores o paralelas.

Dos contribuyentes interpusieron un reclamo tributario ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Valparaíso, en contra del SII, por haber emitido dos resoluciones exentas mediante las que efectuó un nuevo cálculo de las contribuciones correspondientes a los inmuebles de su propiedad, sin indicación de fundamento alguno, por lo que pide sean declarados nulos.
El Tribunal señala que en este caso debe aplicarse lo dispuesto en los artículos 1, 2, 10, 13, 16, 18, 19 y 29 de la Ley N° 17.235, sobre impuesto territorial; el artículo 150 del Código Tributario; los artículos 11, 13 y 41 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; el artículo 1 de la Ley N° 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera; y los artículos 6 y 7 de la Constitución.
En cuanto a la nulidad requerida, señala que constituyen vicios de nulidad de un acto administrativo la ausencia de investidura regular del órgano respectivo, la incompetencia de éste, la violación de la ley de fondo atingente, la desviación de poder y la existencia de vicios de forma y procedimiento en la generación del acto. Todo lo que debe recaer en un requisito esencial de éste y generar perjuicio al interesado, por lo que no todas las ilegalidades relativas a la forma producen la nulidad del acto.
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