Recurso de protección rechazado.
Pase de Movilidad fue instituido por el Ministerio de Salud en conformidad a las atribuciones que le son propias, por lo que no existe un actuar ilegal o arbitrario en el establecimiento de la medida.
La pretensión de la actora excede la finalidad que persigue la acción de protección, pues los tribunales no pueden ejercer atribuciones que se encuentran reservadas exclusivamente en el Poder Ejecutivo.

La Corte Suprema confirmó la sentencia pronunciada por la Corte de Puerto Montt, que rechazó el recurso de protección deducido en contra del Ministerio de Salud, por establecer el denominado Pase de Movilidad como medida sanitaria para enfrentar la pandemia mundial del Covid-19.
En su libelo, la actora explica que, por motivos labores y personales tiene que desplazarse constantemente por diferentes comunas para participar en reuniones y otras actividades. Sin embargo, lo anterior se ha visto dificultado por el establecimiento del “Pase de movilidad”, pues restringe la movilidad de quienes no estén vacunados. Por ello, denuncia la vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°7, N°21 y N°22 de la Carta Fundamental.
En su informe, el Ministerio de Salud sostiene que la medida impugnada obedece a un propósito legítimo, esto es, resguardar la salud de la población y controlar la propagación del Covid-19, acorde a la evolución de la situación epidemiológica. De tal modo, no corresponde que los tribunales de justicia intervengan en la adopción de políticas públicas, pues su decisión le compete a quienes ejercen la Administración del Estado.
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