Corte de Santiago confirmó el cierre de la Universidad La República.

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Universidad La República en contra de las resoluciones adoptadas por la Superintendencia de Educación Superior, al descartar que fueran dictadas con infracción a normas constitucionales y legales, y con manifiesto perjuicio a sus derechos e intereses.

El fallo expone que la actora dedujo el recurso de reclamación contemplado en el artículo 85 de la Ley N°20.529, en contra de la resolución dictada por la recurrida, mediante la cual se rechazó su “plan de recuperación”, determinó que las deficiencias que presentaba no podían ser subsanadas en el lapso de 15 días que el artículo 5 de la Ley N°20.800 prevé para remediar eventuales observaciones a ese tipo de instrumentos, y propuso al Ministerio de Educación dar inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial y de cancelación de la personalidad jurídica de esa casa de estudios.

Refiere que, luego de haber sustanciado el procedimiento administrativo contra la actora, la reclamada llegó a la conclusión que concurrían a su respecto hechos que no le permitían dar garantías de la viabilidad de su proyecto educativo ni siquiera en el corto plazo, tales como el creciente déficit financiero, disminución progresiva de la matrícula de estudiantes y disminución de los ingresos que obtiene por concepto de aranceles, numerosos procesos judiciales vigentes en que tiene la calidad de demandada,, ausencia de un Plan de Desarrollo Estratégico elaborado, aprobado e implementado por parte de las 66 máximas autoridades de la Universidad tendiente a superar los distintos problemas y dificultades que enfrenta la institución, entre otros; razón por la que se le impuso la elaboración de un plan de recuperación, a fin de darle la oportunidad de implementar acciones necesarias para dar viabilidad a su proyecto educativo.