Derecho a la acción.
Norma que impide a la víctima y querellante continuar la persecución penal, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se le impide su derecho al ejercicio de la acción penal, vulnerando también su garantía a un debido proceso.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucionalidad, el artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal.
La disposición legal citada establece:
“Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes: (…) c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación. La comunicación de la decisión contemplada en la letra c) precedente dejará sin efecto la formalización de la investigación, dará lugar a que el juez revoque las medidas cautelares que se hubieren decretado, y la prescripción de la acción penal continuará corriendo como si nunca se hubiere interrumpido”.
Comentarios (2)
Manuel Los fiscales flojos ,corruptos o comprados, aplican esta normativa, que bien que de alguna forma se pueda obligar a trabajar a los corruptos.
Apolo OYARZO Los señores de la C.C , día a día nos quieren dejar a merced de la delincuencia
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