Corte de Punta Arenas rechaza recurso de protección contra constructora y municipalidad por proyecto inmobiliario de viviendas sociales.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó la acción constitucional deducida en contra la constructora Salfa SA y la municipalidad por el inicio de la construcción de dos proyectos de viviendas sociales en el sector sur de la ciudad.

El fallo señala que, el articulo 3 letra i de la ley 20.417, dispone que: ‘… La Superintendencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones…i) Requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la ley Nº 19.300, debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental correspondiente…’.

La resolución agrega que el recurso de protección no es el medio idóneo para debatir contenciosos administrativos de carácter ambiental atendido el contenido de carácter técnico y discrecional que exige un procedimiento de lato conocimiento. El recurso de protección hace exigible la existencia de un derecho indubitado, lo que no ocurre en la presente causa, pues la competencia del asunto de autos se encuentra entregada a la autoridad administrativa y cuyo control jurisdiccional le corresponde a la magistratura especializada creada por la ley 20.600, a los Tribunales Ambientales, ley que proporciona una adecuada tutela jurisdiccional a los recurrentes. Más si se considera que los mismos antecedentes están siendo conocidos, dentro de sus atribuciones, por la Superintendencia de Medio Ambiente a través de una denuncia presentada en enero del presente año.