Aplicación de multas pactadas en contratos administrativos no emanan del poder sancionatorio del Estado, pues su ejercicio proviene de su naturaleza contractual y constituyen verdaderas cláusulas penales.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia de la Corte de Santiago que desestimó el reclamo de ilegalidad municipal deducido por la empresa Automática y Regulación S.A. que se alzó en contra de nueve multas por un total de UF 270 que le aplicó la Municipalidad de Recoleta.

La Corte de Santiago desestimó el arbitrio en todos sus extremos, al considerar que la decisión reclamada no emana del ejercicio de la potestad administrativa sancionadora que la ley confiere a la Municipalidad, sino que encuentra como fuente al contrato suscrito entre las partes.

En ese contexto, señala que la incorrecta aplicación de las multas no puede ser considerada una ilegalidad propiamente tal, sino sólo un eventual incumplimiento contractual que, en cualquier caso, debe ser dilucidado en un procedimiento declarativo de lato conocimiento, sea en sede civil o ante el Tribunal de Contratación Pública.