El principio de congruencia en materia penal constituye una garantía para la defensa de que el Tribunal no excederá en su condena los hechos descritos en la acusación.

La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, que condenó a una particular a la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio.

Una funcionaria del servicio nacional de aduanas fue condenada por hechos que revestían el carácter de torturas y apremios ilegítimos, en el ejercicio de su labor fiscalizadora en el norte del país. Los actos acusados fueron cometidos contra ciudadanas de nacionalidades peruana y boliviana, dentro del procedimiento de fiscalización aleatoria de pasajeros en buses cuyo recorrido iniciaba en la ciudad de Iquique y finalizaba en Santiago.

Fueron tres las fiscalizaciones acusadas por supuesta tortura, y dos se advirtieron como apremios ilegítimos. En cada una de ellas, se sorprendió a las fiscalizadas portando droga en el interior de su cuerpo, y los hechos materia de juicio se orientaron a obtener la confesión de las víctimas, así como la expulsión de los ovoides transportados.