Funcionario del Ejército pide que Contraloría General anule toma de razón efectuada siete años después del inicio del sumario que decretó su licenciamiento.

La Corte Suprema revocó la resolución dictada por la Corte de Santiago, que declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto por un funcionario del Ejército de Chile en contra de la Contraloría General de la República, por la tardía toma de razón de un decreto que ordenaba su licenciamiento.

En su libelo, el actor indica que es Cabo 1° del Ejército, y que en el año 2015, se inició un sumario administrativo en su contra, a propósito de haber sacado sin autorización armamento fiscal fuera de las dependencias de su cuartel, dejándolo abandonado en la vía pública, por lo que se le sancionó con el licenciamiento, es decir, la expulsión de las filas del Ejército, invocándose la causal de necesidades del servicio, siendo resuelto tal acto por el Comandante en Jefe de la Institución en julio de 2015.

Indica que, luego de interponer las reclamaciones y recursos administrativos respectivos, finalmente su expediente ingresó a Contraloría para la toma de razón en octubre de 2019, efectuándose ésta en febrero de 2022, y notificándosele la misma en marzo de 2022, es decir, luego de transcurridos más de 7 años entre el inicio del sumario y la toma de razón, tiempo en que ha permanecido en las filas del Ejército, siendo calificado de manera sobresaliente.