Judicatura debe ponderar peritajes técnicos e informes de la CONADI en procedimientos seguidos bajo la Ley Indígena.

La Corte Suprema anuló de oficio la sentencia dictada por la Corte de Temuco, que confirmó aquella de base que acogió la excepción de falta de legitimación pasiva y rechazó una demanda de término de contrato de arriendo en procedimiento regido por la Ley Indígena.

Un particular demandó el término de un contrato de arriendo suscrito por un plazo de 20 años en 1992, respecto de una porción de su inmueble en la comuna de Pucón. Sostiene que la arrendataria se encuentra actualmente de mala fe en el lugar, ejecutando actos de señor y dueño, como la construcción de una casa sin su autorización. Indica que la franja arrendada pertenece a terrenos que conforman una comunidad indígena, de la cual su familia es fundadora, razón por la cual el arriendo celebrado excede los límites permitidos por la Ley Indígena.

En su respuesta, la demandada opuso la excepción de falta de legitimación pasiva. En tal sentido, argumenta que vive en el lugar desde hace 20 años, y que nunca se habló de arrendamiento con la actora, sino de compraventa, y que luego de la celebración de ésta, construyó su casa. Posteriormente, se enteró de la mala fe de la demandante, quien le hizo creer siempre que lo pactado era una compraventa, en circunstancia que el contrato efectivo correspondía a la cesión de un contrato de arriendo celebrado con un tercero.