Diario Constitucional

CGR.

No procede pagar a los servidores a honorarios la diferencia entre el bono previsto en la Ley N°21.247 y sus honorarios pactados.

Lo anterior, dado que el beneficio no tiene carácter de licencia médica.

Por Redacción·01 de junio de 2022·4 min de lectura
No procede pagar a los servidores a honorarios la diferencia entre el bono previsto en la Ley N°21.247 y sus honorarios pactados.
Referencial

La Municipalidad de Lago Ranco consultó a la Contraloría General de la República si corresponde pagar a la servidora a honorarios que indica, la diferencia que se generaría entre el monto a que tiene derecho por el beneficio del inciso décimo primero del artículo 4 de la Ley N°21.247, y el total de los honorarios pactados, haciendo presente que respecto de licencias maternales, en el contrato de honorarios se pactó que el municipio pagaría la diferencia entre el subsidio recibido por la servidora y el monto del honorario.

Al respecto, el ente contralor señala que inciso décimo primero del artículo 4 de la Ley N°21.247 dispone que los trabajadores independientes que se encuentren en la misma circunstancia señalada en el inciso séptimo, esto es, que durante el estado de excepción constitucional declarado por Decreto Supremo N°104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en el tiempo que fuere prorrogado, hayan hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales, tendrán derecho a percibir un bono de cargo fiscal por hasta tres meses.

Añade que su monto es equivalente al 100% del subsidio por incapacidad laboral derivado de la licencia médica preventiva parental en aquellos casos en que estos trabajadores hubieran percibido por concepto de dicha licencia mensual una suma líquida mensual igual o inferior a un millón de pesos, y de un 70% o un millón de pesos, cualquiera que resulte mayor, en aquellos casos en que estos trabajadores hubieran percibido por concepto de dicha licencia mensual una suma líquida mensual superior a un millón de pesos; y debe ser solicitado ante el Instituto de Previsión Social sin ser imponible ni tributable, siendo tal prestación fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social.

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