Con voto en contra.
Decisión de la Municipalidad de Temuco de no renovar la contrata de un funcionario, fundada en que no se requerían más sus servicios, se ajustó a derecho.
El máximo Tribunal consideró que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, por lo que no avizoró la existencia de un comportamiento antijurídico.

La Corte Suprema revocó la sentencia pronunciada por la Corte de Temuco y rechazó la acción de protección deducida por un funcionario de la Municipalidad de Talca por la no renovación de su contrata.
En su libelo, el recurrente señala comenzó a prestar servicios para la recurrida en calidad de contrata a contar del mes de mayo de 2018, la que fue prorrogada en forma sucesiva hasta el 31 de diciembre de 2021 y que a través del Decreto Alcaldicio N°9587 se le informó la no renovación ésta, teniendo para ello presente que, en razón de una reestructuración interna, se traspasarían las funciones de área en que se desempeñaba el actor a otra unidad que cuenta con profesionales idóneos para ejercer aquellas asignadas a aquél, por lo tanto ya no eran necesarios sus servicios.
Señala que dicho actuar es ilegal y arbitrario, teniendo en consideración que contaba en esa época con la confianza legítima que su contrata sería renovada para el año 2022, además de vulnerar las garantías consagradas en el artículo 19 N°2, N°16 y N°24 de la Constitución, por lo cual solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y se disponga su reintegro en las mismas condiciones que tenía antes de su separación.
Te puede interesar

Con prevención.
Es requisito sustancial y condición mínima de racionalidad la expresión de los motivos o fundamentos que se tuvieron a la vista para poner término anticipado a una contrata.

Reclamo de ilegalidad desestimado.
Se ajustó a derecho la negativa de la Municipalidad de Temuco a otorgar patente comercial para la explotación comercial de los estacionamientos del Centro Comercial Portal Temuco.

Con prevención.
La Administración no puede ejercer la facultad revocatoria si se trata de actos de contenido favorable.

