La pobreza severa constituye un factor que extrema la vulnerabilidad de quien la sufre y aumenta la superioridad de quien busca aprovecharse de dicha situación en el delito de abuso sexual.

El Tribunal Supremo de España, rechazó el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que condenó al acusado a la pena de 8 años de prisión por el delito de abuso sexual en perjuicio de una mujer excluida socialmente y a una multa de 300 euros por el delito de estafa.

En su libelo, el recurrente alega que se vulneró el principio acusatorio, presunción de inocencia, contradicción e igualdad ante la ley, ya que como encargado del Banco de Alimentos no es efectivo que hubiere obligado a la víctima a tener relaciones sexuales a cambio de alimentos, de modo que el consentimiento no se encontraba viciado; las transcripciones de conversaciones telefónicas grabadas por un tercero utilizadas como prueba son nulas, porque se transcribieron por la Guardia Civil sin su presencia, valorándose indebidamente dichas grabaciones, ya que no se escucharon en la audiencia de juicio oral ni se hizo prueba sobre la identidad del interlocutor; y en cuanto al delito de estafa, no se reflejó en el auto de procesamiento, cuya pena no fue solicitada por el Ministerio Fiscal en la acusación.

Respecto del consentimiento, el fallo del Tribunal Supremo señala que, “(…) la pobreza severa, la falta de los más básicos elementos o recursos, cuando además afecta a niños de muy corta edad, constituye sin lugar a dudas un factor que extrema la vulnerabilidad de quien la sufre y, como una suerte de vaso comunicante, aumenta la superioridad de quien busca aprovecharse de dicha situación.”