Diario Constitucional

Recurso de protección rechazado.

Desvinculación de personal de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio-Bío, obedeció a un proceso de modernización y reestructuración del órgano.

Cambios en la estructura del órgano recurrido obedecieron a disposiciones de Contraloría Regional, y no existió discriminación por diferencias políticas como acusaron los recurrentes.

Por Redacción·19 de julio de 2022·4 min de lectura
Corporación de Asistencia Judicial del Biobío debe pagar 23 millones de pesos a viuda e hijos de víctima de homicidio por deficiente atención profesional, resuelve la Corte Suprema.
Referencial

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Concepción, que rechazó el recurso de protección interpuesto por un grupo de funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio-Bío en contra de la misma institución, por la desvinculación de los recurrentes sin fundamento aparente.

En su libelo, los actores expresan que en el año 2018 se instruyó investigación sumaria respecto de varios funcionarios de la recurrida, incluidos los recurrentes, la cual permanece vigente hasta la fecha y ha excedido todos los plazos de término estipulados en la Ley N°19.880. De forma paralela, el recurrido encargó un estudio de gestión debido a los malos resultados y pérdida de bonos de producción durante el período 2018-2019, estudio que concluyó que debía modernizarse la estructura jerárquica del órgano recurrido, a fin de dar mejores respuestas a las necesidades que cubre el servicio.

Añaden que de esta forma, y bajo el pretexto de una supuesta modernización del servicio, los actores fueron desvinculados, existiendo proceso administrativo aún vigente, e incluso, la recurrida llamó a concurso público para proveer los cargos vacantes. Sostienen que esto se trata de una limpieza de personal que obedece a diferencias políticas, y que se ha utilizado el estudio encargado como antecedente para la desvinculación de los recurrentes. En tal sentido, consideran como ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, pues ha vulnerado sus derechos a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, derecho a no ser juzgados por comisiones especiales, libertad del trabajo, y derecho de propiedad; por lo tanto, piden a la Corte que deje sin efecto las desvinculaciones y los llamados a concurso para proveer los cargos vacantes.

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