Recurso de protección acogido
Dirección de Compras y Contratación Pública debe reincorporar al proveedor al Registro Oficial Electrónico de Contratistas de la Administración dada la sentencia del Tribunal Constitucional.
La actuación de la recurrida perdió su causa y sustento jurídico, por lo que deviene en ilegal y arbitraria, luego que se declarara inaplicable por inconstitucional el artículo 4, inciso primero, segunda parte, de la ley 18.886.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Santiago que acogió el recurso de protección interpuesto por la Sociedad Díaz, Novoa y Compañía Limitada en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, dejando sin efecto su exclusión del Registro Oficial Electrónico de Contratistas de la Administración a cargo de la mencionada entidad y ordenó restablecer su habilidad para contratar y participar en licitaciones públicas.
Respecto a la prohibición que afectó al recurrente, esta se produce con motivo de la sentencia condenatoria pronunciada el año 2019 en un procedimiento de tutela laboral que lo declaró culpable de vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores.
La actora indica en su libelo que desarrolla su actividad en el rubro de laboratorios clínicos, exámenes médicos y bancos de sangre hace treinta años, y que en este contexto se encuentra inscrito en Chileproveedores para contratar y licitar en mercado público, destinando el 90% de sus labores a licitaciones con el Estado.
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Al declarar inadmisible la oferta, la Dirección de Compras y Contratación Pública se ajustó a derecho. La garantía de seriedad no cumplía con la vigencia mínima exigida en las bases de licitación.

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Recurso de protección deducido por Cámara de Comercio contra Dirección de Compras y Contratación Pública por mantener la multa asociada al incumplimiento del nivel de servicio pactado, se declara admisible.

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