La expulsión de un extranjero decretada por vía administrativa aun cuando haya ingresado al país por un paso no habilitado debe estar precedida de un procedimiento racional y justo.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Arica, y en su lugar acogió el recurso de amparo interpuesto por un ciudadano venezolano en contra de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota por haber decretado su expulsión del territorio nacional.

El amparado expuso que ingresó a Chile por un paso no habilitado el 16 de diciembre de 2020, escapando de la situación crítica de su nación de origen, lo que motivó que se ejerciera en su contra la acción penal, de la cual la autoridad competente se desistió con posterioridad, sin perjuicio de que le aplicó la sanción administrativa y decretó su expulsión del país con fecha 30 de noviembre de 2021.

Agrega que actualmente posee una oferta laboral y que no cuenta con antecedentes criminales en Chile ni en el extranjero, y que ser expulsado sin un proceso administrativo previo es un acto arbitrario e ilegal que vulnera el artículo 4 de la Ley N°19.880, así como su libertad personal y seguridad individual al no tener en consideración su estatus de refugiado e imponérsele un requisito formal que no puede ser cumplido por quien huye de la patria de origen al peligrar su vida, cual es, el ingreso por paso habilitado. Además, el recurrido infringió el principio de reunificación familiar, al privarlo de reencontrarse con su familia residente en Chile.