El Pleno del Tribunal Constitucional de España admitió a trámite los recursos de amparo promovidos por personas ancianas y menores de edad en contra de la decisión judicial que obliga a vacunarlos contra la Covid-19.
El Tribunal entiende que estos recursos plantean un problema que afecta al principio de igualdad, al derecho fundamental a la integridad física y moral, al derecho a la protección de la salud y a la intimidad personal y familiar (arts. 14, 15, 18.1 y 43, de la Constitución Española), sobre el que no hay doctrina constitucional.
Asimismo, considera que el asunto suscitado en estos recursos de amparo trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social.
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Para los recurrentes, la inoculación de un medicamento en fase experimental debe tener siempre carácter voluntario y, por lo tanto, las resoluciones judiciales que les obligan a vacunarse son contrarias a los derechos fundamentales reconocidos no sólo en la Constitución, sino también en los convenios y tratados internacionales.