Diario Constitucional

Fallo dividido.

En la preparación de la vía ejecutiva el tribunal tiene competencia sólo para resolver los aspectos a que ella se refiere, resuelve la Corte Suprema.

Mientras que en el procedimiento ejecutivo le está permitido, incluso de oficio, examinar el título y denegar la tramitación de la demanda, al tenor de lo que prevé el artículo 435 del CPC y el deudor oponer las correspondientes excepciones relativas a la vigencia, liquidez o exigibilidad de la obligación.

Por Redacción·24 de septiembre de 2022·3 min de lectura
Si no se solicita en la demanda no se puede conceder un derecho sólo con las pruebas acompañadas, en aplicación del principio de congruencia.
Referencial

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de San Miguel que confirmó la resolución de base que desestimó dar curso a una citación a confesar deuda.

Se inició una gestión preparatoria de citación a confesar deuda en contra de una empresa de transportes, solicitando de ésta la confesión de adeudar la suma de $4.516.876 al actor, que funda su pretensión en que dicha deuda proviene de la responsabilidad que le cabría a la requerida en los daños causados a una estructura aérea en su condición de responsable del transporte de dicho elemento, y el monto consta en la nota de cargo que acompaña a su presentación.

El tribunal de primera instancia desestimó dar curso a la gestión preparatoria; decisión que fue confirmada por la Corte de San Miguel en alzada al estimar que, “(…) centrada la atención en los fundamentos planteados por el actor en la solicitud preparatoria de la vía ejecutiva, resulta ostensible que aquellos no dan cuenta de una obligación pura y simple, esto es, de un deber de prestación palmario del citado en los términos que para tener por preparada la vía ejecutiva se requiere, puesto que de su contenido no es posible concluir que el actor sea actualmente acreedor y el demandado deudor de las obligaciones que la primera pretende, por lo que la acción debe declararse primeramente en un juicio de lato conocimiento a fin de estimar si el acreedor realmente posee tal calidad en atención a los hechos que invoca”.

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