Tribunal Constitucional de Perú.
Negar la atención médica a un recluso debe estar sustentada en una investigación sumaria que acredite que por su condición médica no la requiere, so pena de afectar su derecho a la salud.
Las instancias judiciales han rechazado la demanda de manera liminar sin que se haya llevado cabo la correspondiente investigación sumaria que constate el estado de salud del interno, el diagnóstico médico y el tratamiento que se le habría prescrito, lo que configura una eventual vulneración del derecho a la salud del interno.
El Tribunal Constitucional de Perú acogió el recurso de casación deducido por un recluso, disponiendo que se recaben los antecedentes necesarios para conocer su real estado de salud.
El recurrente contrajo COVID-19 y su estado de salud es delicado a causa del propio virus y de las paupérrimas condiciones carcelarias en que se encuentra. Además, padece una tuberculosis de larga data.
Solicitó por vía judicial su reubicación para obtener asistencia médica en condiciones adecuadas. Sin embargo, el juzgado de instancia denegó la solicitud por no advertir un agravamiento de su estado. Sostiene que en cualquier caso la autorización debe ser dada por el director penitenciario.
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