Corte Suprema de Canadá.
Es lícito el allanamiento sin orden judicial cuando existen sospechas razonables sobre la comisión de un delito, pues el derecho a la privacidad del morador debe ponderarse con la seguridad pública.
Un principio fundamental y antiguo de la sociedad libre es que el hogar de una persona es su castillo, aunque en el caso concreto este interés de privacidad debe equilibrarse con objetivos válidos de aplicación de la ley. En otras palabras, la policía puede registrar una casa por razones de seguridad si la búsqueda se realiza de manera razonable.
La Corte Suprema de Canadá desestimó el recurso de apelación deducido por un hombre condenado por tráfico, al estimar que el registro a su hogar, llevado a cabo por la policía, no contravino sus derechos.
La policía acudió a una llamada que alertaba sobre un hombre que golpeaba a una mujer dentro de un vehículo. Al llegar al lugar de los hechos revisaron el auto y no hallaron nada, sin embargo, llamaron a la casa contigua para continuar la pesquisa. Al no recibir respuesta ingresaron al lugar.
Allí encontraron a una mujer con visibles lesiones y abundantes dosis de metanfetamina. Por este motivo arrestaron a un hombre que se hallaba en el sótano, quien además era el propietario del inmueble.
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