TC rechaza acción de inaplicabilidad.
Norma que faculta al querellante en un proceso de acción privada para solicitar diligencias, pero no al querellado, no produce resultados contrarios a la Constitución.
La ruptura del principio de inocencia, demostrando el proceder doloso de los imputados mediante los medios probatorios pertinentes corresponde al que sostiene la acción penal privada, esto es, al querellante.
La Magistratura Constitucional desestimó el requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto del artículo 400 inciso final del Código Procesal Penal.
El precepto legal que se solicitó declarar inaplicable establece:
“Inicio del procedimiento. El procedimiento comenzará sólo con la interposición de la querella por la persona habilitada para promover la acción penal, ante el juez de garantía competente. Este escrito deberá cumplir con los requisitos de los artículos 113 y 261, en lo que no fuere contrario a lo dispuesto en este Título.
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