Norma que impone prohibición de contratar con el Estado debido a condena por prácticas antisindicales no son contrarias a la Constitución.

En fallo dividido, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, que impugnó la segunda parte del inciso primero del artículo 4 de la Ley 19.886, y el artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo.

Los preceptos legales cuya aplicación fue impugnada disponen:

“Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”. (Art. 4°, inciso primero, segunda parte, Ley 19.886).