Orden de arresto como medida de apremio en contra de un deudor de compensación económica no es ilegal, confirma la Corte Suprema.

La Corte Suprema confirmó el fallo dictado por la Corte de Punta Arenas, que desestimó el recurso de amparo interpuesto en contra del Juzgado de Familia de la capital de Magallanes que decretó orden de arresto y arraigo en contra de un deudor de compensación económica.

El recurrente alegó que los apremios que fueron decretados en su contra no proceden, ya que lo que adeuda es una compensación económica y no una pensión de carácter alimenticia, más aún si la demandante ha optado por perseguir el pago de las cuotas a través de un procedimiento ejecutivo, por lo que el tribunal al haber decretado las sanciones establecidas en la Ley N°14.908, afecta la libertad personal, como bien se desprende del artículo 7 del Pacto de San José de Costa Rica, el cual señala que como única excepción a la prohibición absoluta de la prisión por deudas es el caso del “Derecho de Alimentos”, y la compensación económica no tiene dicha naturaleza.

El recurrido informó que “(…) el fraccionamiento en cuotas de la compensación económica, en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 66 de la Ley N°19.947, conlleva expresamente considerar la obligación de pagar tal parcela, como alimentos para los efectos de su cumplimiento, de manera que todo lo que atañe a su solución queda sujeto a las prescripciones del artículo 14 de la ley N°14.908, que contempla la medida de arresto en caso de incumplimiento.”