Normas que introducen una obligación declarativa para que el Estado pueda asegurarse de que las asociaciones cumplen las condiciones para acogerse a las ventajas propias de las asociaciones cultuales, son constitucionales.

El Consejo Constitucional de Francia desestimó el recurso de inconstitucionalidad que dos organizaciones culturales dedujeron contra una serie de decretos y normas de rango legal que estimaron vulneratorias por afectar los derechos y libertades que la Constitución les reconoce.

Las organizaciones adujeron que las normas impugnadas vulneran los derechos a la libertad de asociación y al libre ejercicio de los cultos, dado que introducen un mecanismo de solicitud para ser consideradas organizaciones culturales, que es en demasía exigente, y que además confiere muchas atribuciones a la autoridad, la cual puede, a discreción, denegar o revocar el estatus cultural.

En su análisis de fondo, el Consejo señala que “(…) las disposiciones impugnadas tienen como único objeto introducir una obligación declarativa para que el representante del Estado pueda asegurarse de que las asociaciones cumplen las condiciones para acogerse a las ventajas propias de las asociaciones culturales. No tienen por objeto ni efecto producir el reconocimiento de un culto por la República u obstaculizar el libre ejercicio del culto. El Estado sólo puede oponerse a que una asociación se beneficie de las ventajas propias de las asociaciones culturales o proceder a la retirada de estas ventajas tras un procedimiento contradictorio y únicamente por un motivo de orden público o en el caso de comprobar que la asociación no tiene por objeto exclusivo el ejercicio de un culto”.