Dictamen de la Contraloría General de la República que rechaza la petición de un particular no reviste la calidad de acto administrativo que se pueda invalidar.

La Corte Suprema desestimó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó la demanda de invalidación del dictamen N° 606.070 de 2018 de la Contraloría General de la República que había sido acogida en primera instancia por el Primer Juzgado Civil de Concepción.

El actor ejerció la acción de invalidación del referido dictamen que rechazó su petición de volver a cotizar en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional “Capredena”. En su demanda solicitó: i) la invalidación del dictamen; ii) se declare que tenía doble afiliación; iii) que la Superintendencia de Pensiones ordene a la AFP le sean restituidos sus fondos previsionales para ingresarlos a Capredena; y iv) se ordene a Capredena reliquidar su pensión.

El actor expuso haber cotizado 23 años en Capredena, pero que entre 2004 y 2007, trabajó para otros empleadores del sector privado y cotizó en una AFP. Posteriormente, el 2008 reingresó a trabajar para la Armada. Por ello solicitó a la Contraloría que ordene le sean devueltas sus cotizaciones de la AFP para ingresarlas al sistema de Capredena, atendida la interpretación contenida en el dictamen N° 4348 de 2007. No obstante, mediante el dictamen cuya invalidación solicita, la Contraloría reconsideró la jurisprudencia anterior y rechazó su solicitud, señalando que solo pueden volver a cotizar en Capredena quienes no hubieren optado previamente por el régimen del decreto ley N° 3.500. En contra de esta decisión el actor ejerció la acción de invalidación.