Preceptos impugnados no contravienen la Constitución.
Demanda que el Poder Judicial dedujo contra disposiciones que modifican el Código Procesal Constitucional de Perú, se desestima por el Tribunal Constitucional.
Sólo cuando no hay duda acerca de cuál es la norma que el legislador quiso expresar en el texto legal, puede el juez constitucional emitir una sentencia que declare su invalidez. Por tanto, la dignidad democrática de la ley se traduce en una primera consecuencia: la doctrina de la interpretación de la ley conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional de Perú desestimó la demanda de inconstitucionalidad que el Poder Judicial dedujo para impugnar varias disposiciones de la ley que aprobó la reforma del nuevo Código Procesal Constitucional, al estimarla infundada.
El Poder Judicial solicitó se declare inconstitucional el nuevo artículo 5 del referido Código, que dispone lo siguiente: “En los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, no se notifica ni se emplaza con la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial”.
Considera que esta norma es contradictoria y que vulnera el derecho a defensa de los jueces en los juicios de habeas corpus , ya que son los magistrados quienes emiten las resoluciones cuestionadas. Además, la omisión del trámite de emplazamiento los pone en un estado de indefensión total que les impide hacer valer sus derechos, lo cual, a su vez, acarrea la nulidad de las decisiones tomadas en el caso. Por ello, es necesario que “(…) los propios jueces defiendan sus resoluciones judiciales cuestionadas, a fin de sustentar y contravenir las razones de la impugnación, más aún en casos de alegadas omisiones funcionales o de falta de motivación”.
Temas
Te puede interesar

Independencia de jueces locales
La independencia de los Jueces de Policía Local y los elementos que la resguardan

Corte Constitucional de Corea del Sur.
Norma que prohíbe la difusión de los datos personales de los imputados por abuso sexual infantil, es constitucional.

Iniciativa de Paz Total.
Gobierno colombiano presentó ante el Congreso su ley de sometimiento de grupos armados.

