Para exigir la renovación de las contratas de personas con una vinculación estatutaria menor a 5 años no procede invocar el principio de confianza legítima, resuelve la Corte Suprema.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Santiago que acogió el recurso de protección interpuesto por un funcionario que se desempeñaba en calidad de suplente a contrata en la Municipalidad de Pudahuel, en contra de la decisión del Alcalde, Ítalo Bravo, que lo desvinculó de forma anticipada bajo la fórmula de no ser necesarios sus servicios, al estimar que con esa afirmación no se cumple con el deber de motivación exigido a todo acto administrativo.

El actor expuso que se le contrató en el municipio de Pudahuel en agosto del 2021 para ejercer el cargo de secretario de la Concejala, Javiera Soto, hasta el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, luego de un breve lapso comenzaron los desencuentros con la Concejala quien le recriminó ocultar su afinidad política (la que era conocida por ella).

Estas desavenencias laborales se transformaron en fuertes y persistentes recriminaciones a su persona, recibiendo llamadas de la autoridad edilicia fuera del horario laboral y críticas a su trabajo durante paseos en las dependencias de la Municipalidad de Pudahuel.