Contraloría General de la República no puede proporcionar la identidad del denunciante anónimo porque ello afecta el debido cumplimiento de su función fiscalizadora.

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto por un kinesiólogo que se desempeña en la Municipalidad de Quilleco en contra de la decisión de la Corte de Concepción que desestimó su reclamo de ilegalidad deducido en contra de la Contraloría General de la República que se negó a proporcionar los datos de una persona que lo denunció anónimamente por ejercicio ilegal de la profesión (por desempeñar labores de enfermero).

El quejoso estima que los Magistrados recurridos fallaron con falta o abuso grave al desestimar el reclamo de ilegalidad justificando la decisión del Contralor en la causal de reserva contenida en el artículo 21, N°1, de la Ley 20.285 de Transparencia. No obstante que la Contraloría tenía conocimiento que la denuncia no era efectiva, y además porque la reserva de identidad tiene como límite el resguardo de las garantías de los denunciados por hechos falsos, lo que acontece en este caso, y que se requiere de la identidad del denunciante para perseguir su responsabilidad civil y penal, igual desestimaron su reclamo.

Agrega que la Corte acreditó que concurre la causal de reserva en consideración a que de proporcionarse la identidad del denunciante anónimo se afectaría el debido cumplimiento de la función fiscalizadora del órgano Contralor, pero ello no es efectivo, y por el contrario, con tal decisión se lesionan sus derechos por un denunciante anónimo respecto del cual no puede perseguir su responsabilidad. Además, la causal de reserva aplicada por los quejosos no fue invocada por la Contraloría, al momento de responder su solicitud de acceso a la información (art. 21, N°2, Ley 20.285).