Recurso de protección acogido.
Presidencia de la República no puede poner término a contrata si previamente no establece en un sumario administrativo la responsabilidad del funcionario, resuelve Corte de Santiago.
Aceptar que todos los funcionarios que prestan servicios a contrata en la Presidencia de la República son de exclusiva confianza, implica admitir que es la autoridad administrativa, a través del nombramiento, quien crea este tipo de cargos, cuestión insostenible, toda vez que es la ley la que así ha de establecerlo.

La Corte de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la Presidencia de la República por no renovar la contrata a un funcionario.
El actor expone que, la decisión impugnada es arbitraria e ilegal, ya que ingresó a prestar servicios de recepcionista de documento en abril de 2019, cuya contrata fue prorrogada en tres ocasiones, periodos en los cuales se lo calificó siempre con nota 7. Sin embargo, con ocasión del cambio de Gobierno en marzo de 2022, la nueva jefatura lo evaluó con nota de demérito, por estimar que había incurrido en errores durante el ejercicio de sus funciones, en circunstancias que él hacía correctamente su trabajo. No obstante, y a pesar de que fue sometido a distintas capacitaciones, en noviembre de 2022 se le informó que no sería renovada su contrata por la insuficiencia en su desempeño.
En mérito de ello, estima vulnerada la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad, por lo que solicita se disponga de todas aquellas medidas que la Corte juzgue necesarias para el restablecer el imperio del derecho.
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