El Tribunal de Garantía de Valdivia acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa pública penitenciaria y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Los Ríos, para que la inspección técnica del Ministerio de Obras Públicas, la empresa concesionaria y Gendarmería de Chile restablezcan las condiciones de habitabilidad con estándares de dignidad de la cárcel de Valdivia.
Cabe señalar que la acción judicial se presentó en favor de 200 internos -entre imputados y condenados- que actualmente duermen en el piso de las celdas, atendida la sobrepoblación y las malas condiciones de infraestructura en ciertos módulos del complejo penitenciario.
La defensora penitenciaria Marcela Tapia informó que el fallo instruyó un plazo de 30 días para que se restablezcan condiciones acordes a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de personas privadas de libertad y, además, acogió el traslado con factibilidad positiva informada por Gendarmería para trece internos, gestión que deberá contar con el consentimiento de cada uno de ellos.
Respecto de quienes no cuenten con informe de factibilidad positiva para su traslado, la abogada afirmó que la resolución del tribunal ordenó adoptar medidas para mejorar las condiciones de habitabilidad carcelaria en el mismo plazo y, de no cumplirse esto, se procederá a su traslado, cuenten o no con el respectivo informe positivo.
“Estamos conformes con la decisión, puesto que los Estados no pueden invocar falta de recursos económicos para justificar condiciones deplorables de encierro o un agravamiento de las condiciones carcelarias, porque estas deficiencias no son inherentes a la pérdida de libertad. así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en distintos fallos sobre la materia”, explicó la abogada.
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La abogada Constanza Montt, del INDH de Los Ríos, valoró positivamente el fallo y comentó que los internos viven la privación de libertad con inundaciones en las celdas, plagas de palomas en algunos módulos “y condiciones de higiene muy paupérrimas, que generan niveles de vida bajo el promedio del estándar mínimo que exige la normativa internacional en materia penitenciaria y de derechos humanos”.
La acción recursiva se realizó a partir de la visita semestral de la magistratura en mayo pasado, lo que dio paso a un trabajo colaborativo entre el equipo de defensa penitenciaria y otros profesionales de la Defensoría Regional, para entrevistar en conjunto a cada uno de los internos individualizados en el recurso de amparo, como también a una coordinación con el INDH, que aportó fotografías de celdas a las que tuvo acceso.
Finalmente, Marcela Tapia recordó que las personas privadas se encuentran en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de cualquier ciudadano libre.