La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que rechazó el recurso de amparo interpuesto por un ciudadano colombiano en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por dictar la resolución que rechazó la solicitud de permanencia definitiva y decretar la expulsión del amparado, y en su lugar, acogió la acción cautelar.
El actor sostuvo que ingreso al país con visa de turista y por el paso habilitado de Chacalluta, el 25 de agosto de 2016. El 12 de julio de 2021 ingresó la solicitud de regularización migratoria, no obstante, el 17 de mayo de 2023, recibió en su correo electrónico la notificación de rechazo, en la que el recurrido esgrime que el solicitante tiene antecedentes negativos, en particular, una condena en su país de origen por el delito de tráfico de armas de fuego.
El recurrente afirma que la resolución impugnada es arbitraria e ilegal, porque vulnera su libertad ambulatoria al ponerlo en situación de ilegalidad por un delito cometido en Colombia en 1998, cuya pena fue cumplida en 1999, más de veinte años después de presentar la solicitud, en circunstancias que su conducta en Chile es irreprochable y mantiene actualmente arraigo familiar, al estar casado y tener hijos chilenos con su cónyuge, siendo el actor el sustento de su familia.
En su informe, el Servicio Nacional de Migraciones instó por el rechazo de la acción, argumentando que uno de los requisitos establecidos en la Ley N°21.325 para conceder el permiso de residencia definitiva, es que, al momento de presentar la solicitud, el migrante no posea antecedentes legales en su país de origen, requisito que el actor no cumple.
La Corte de Santiago rechazó el recurso de amparo, al considerar que, “(…) si bien el amparado en su recurso manifiesta su arraigo laboral y social, y el tiempo transcurrido desde el cumplimiento de la condena como fundamento de solicitud, lo cierto es que la redacción de la norma es clara en señalar que se otorgará el mencionado visado “a todos aquellos que no tengan antecedentes penales”, sin aludir a la temporalidad de los reproches penales pretéritos u otras circunstancias referidas en el recurso”.
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El máximo Tribunal revocó la decisión en alzada, luego de razonar que, “(…) según aparece del mérito de los antecedentes, el amparado fue condenado en Colombia por el delito referido en el año 1998, y que el 10 de diciembre de 1999 se declaró la extinción de la pena”. Acto seguido, añade que, “(…) el amparado tiene arraigo familiar y laboral, y vive desde hace aproximadamente seis años en Chile, sin que registre, desde la condena del año 1999, otro tipo de antecedente penal”.
En el mismo orden de razonamiento el fallo puntualiza que, “(…) en ese estado de cosas, aparece que el rechazo de la regularización migratoria presentada por el amparado, en el proceso extraordinario y que mantiene la medida de abandono es ilegal, por desproporcionada, puesto que las circunstancias en que se encuentra el recurrente en la actualidad han variado respecto de aquellas tenidas en cuenta al tiempo en que se le impuso la condena que motiva hoy el rechazo a su solicitud de regularización. En efecto, los hechos asentados en el motivo precedente dan cuenta de su arraigo familiar, laboral y social en el territorio nacional, lo que permite aseverar que se encuentra incorporado a la sociedad chilena desde un punto de vista migratorio, familiar y laboral. Asimismo, no registra una sanción posterior”.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, y acogió el recuso de amparo, dejando sin efecto la resolución recurrida. Asimismo, ordenó al recurrido estudiar nuevamente la solicitud de regularización extraordinaria en atención a los antecedentes de la presente causa.
Vea sentencia dictada por la Corte Suprema Rol N°231.983-2023 y Corte de Santiago Rol N°2206-2023.