Quien reside en un establecimiento penitenciario no pierde la libertad de sus actos por lo que a pesar de no poder modificarse su condición de reclusa ello no impide aplicar la agravante del artículo 19, letra h), de la Ley N°20.000.

La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad, que condenó a la acusada a la pena de tres años y un día, como autora del delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de drogas.

El recurrente alegó que se falló con errónea aplicación del derecho, ya que la circunstancia de encontrarse la condenada en un centro de penitenciario no dependía de su voluntad, por lo que no se puede aplicar la agravante de la letra h) del artículo 19 de la Ley N°20.000 por la comisión del delito de microtráfico en la cárcel. En otros términos, y, como bien razonó el voto disidente del tribunal de grado, de acuerdo al inciso segundo del artículo 63 del Código Penal, no producen el efecto de aumentar la pena aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que, sin la concurrencia de ellas, no puede cometerse y que, en la especie, encontrándose la condenada privada de libertad en el Complejo Penitenciario, cumpliendo otra condena, no pudo sino realizar la conducta que se le reprocha en dicho lugar pues no estaba en sus manos modificar esa circunstancia.

Aduce que, la sustancia incautada, nunca estuvo en contacto con la población penal, a quien aparentemente habría estado destinada, ya que, si bien la imputada ingresó al patio con la encomienda, ésta fue incautada, por lo que no se puede aplicar una agravante. Además, la finalidad de la agravante es evitar que personas ajenas al establecimiento penitenciario puedan vulnerar los derechos y las condiciones de seguridad de quienes se encuentran privados de libertad. Este es el mismo sentido del artículo 51 de la Ley 20.000, cuando señala que la trasgresión a la prohibición debe ser cometida por “personas ajenas” al establecimiento penitenciario. De ese modo, el tribunal erró en aplicar la agravante y con ello aumentar la pena de la acusada.